El dilema de las vacunas: ¿público o privado?

Redactor: Reynaldo Soza

Editor: Flavio Abanto

En el año 1720, el mundo tuvo que enfrentarse a la Gran Plaga de Marsella; en el año 1820, a la Pandemia del cólera; en el año 1920, a la gripe española, y en el 2020, al Coronavirus. Nos damos cuenta que la humanidad ha tenido que afrontar trágicas enfermedades y plagas. Sin embargo, seguimos avanzando a pesar de que todo parecía ir en nuestra contra. Teniendo este historial tan curioso, puedo asegurar que todavía quedan muchas historias por contar y nuevos retos que afrontar.

Ya hace más de un año que la Covid-19 llegó a Perú a cambiar nuestras vidas. Las dos primeras semanas de cuarentena se volvieron meses que vinieron acompañados de numerosas tragedias. No obstante, la humanidad no se rindió y logró la creación de vacunas con un alto porcentaje de eficiencia en poco tiempo, en comparación con pandemias similares del pasado. Y, aunque parezca irreal, estamos cada vez más cerca de darle fin a esta pandemia.

Últimamente, ha surgido una confusión y, a partir de ella, distintos puntos de vista sobre la vacuna contra el virus SARS-Cov-2. Hay personas que la ven como un bien privado y otras, como un bien público. Inclusive, se tienen opiniones positivas y negativas sobre el desempeño del Estado en el manejo de este bien, las cuales han generado un debate sobre qué sector debería encargarse de la distribución de las vacunas. Todos estos puntos serán desarrollados y aclarados a continuación.

¿La vacuna es un bien público? La respuesta es no. Aunque para algunos la idea de que el Estado esté detrás de la gestión de este bien puede hacerles pensar que lo es, debemos tener en cuenta que los bienes públicos cumplen con dos características: ser no excluyentes y no rivales (Nicholson, 2007). Si alguien se aplica una vacuna, impide por completo que otras personas puedan recibir esa misma vacuna. Aquí ya se está incumpliendo una característica fundamental de los bienes públicos, y, por ello, tiene un precio como el bien privado que es. Además, el hecho de que exista un orden de vacunación (planteado por los gobiernos) que se basa en proteger principalmente a aquellos que se encuentran en primera línea y a personas que corren un mayor riesgo de presentar síntomas graves no le impide ser un bien privado.

Tenemos vacunas y hay millones que serán traídas a lo largo del 2021 por el gobierno, pero ha surgido una propuesta: la distribución de la vacuna contra la Covid-19 a cargo del sector privado. Estoy seguro de que saben que el Perú se rige bajo un régimen económico social de mercado y está claro que este sistema se desarrolla en un ambiente de competencia libre con regulaciones que permiten una seguridad social y un enfoque hacia el progreso de la sociedad (Rivadeneira, 2009). Empero, no se puede permitir que la pandemia sea motivo de lucro. Por el contrario, estamos presenciando una espectacular oportunidad para progresar en la equidad en salud a escala nacional y global. En ese sentido, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, expresó, en una asamblea, que no se puede permitir que los adinerados y poderosos pisoteen a aquellos que no lo son (El Peruano, 2021). Esa es la razón por la que el Estado peruano está interviniendo de forma tan monopolística, pues busca prevenir una distribución desigual de las vacunas y corregir una falla de mercado: la externalidad positiva generada por este bien por medio de la menor propagación de un virus que perjudica la salud de terceros.

Por otro lado, es necesario analizar qué ocurriría si permitimos que las vacunas sean financiadas y ofrecidas por el sector privado. La venta de vacunas por empresas privadas tendría un impacto positivo en la agilización del número de personas que podrían adquirir y aplicarse la vacuna. No obstante, lo más favorable para las empresas sería actuar con libertad a la hora de distribuirlas, como si se tratase de un bien privado común. Ello es problemático, ya que solo le permitiría a un pequeño grupo adquirirlas, lo que perjudicaría radicalmente a quienes no puedan. Es decir, no se respetaría el orden establecido por el Ministerio de Salud (MINSA). Por ejemplo, si una persona joven y sana compra una vacuna privada antes que un anciano que no puede pagarla, a pesar de que se está generando una externalidad positiva con esa vacuna, el costo de oportunidad sería muy grande porque es muy probable que el joven pueda lidiar con este virus, pero que el anciano no. Por ello, si únicamente las empresas se encargasen de la distribución de las vacunas, deberían adherirse al plan del Estado para que no se dé una injusta repartición de vacunas. Cabe resaltar que, en la actualidad, esta actividad no sería una inversión viable para las empresas ya que, según el artículo 234 del Código Penal (El Comercio, 2021), el precio al que deben venderlas no debe ser mayor al precio al que las vende el Estado; en otras palabras, deberán repartirlas gratuitamente. Sería necesario suprimir este requisito para que el sector privado se interese por este negocio.

Claramente, tanto la gestión privada como la pública presentan ventajas: la primera permitiría que el proceso de vacunación de la población sea más veloz y la segunda asegura una distribución menos desigual de las vacunas. Por ello, muchos plantean que lo mejor sería una gestión mixta, pero, a pesar de que suena armónica una cooperación entre el sector público y privado, la realidad es que casi todo los laboratorios de vacunas contra la Covid-19 solo están negociando con los Estados, lo que, por el momento, hace imposible que una empresa consiga sus propias vacunas (Gestión, 2021). Eventualmente, esta situación cambiará y el sector privado podrá negociar, financiar y distribuir vacunas por cuenta propia.

En conclusión, debemos tener en cuenta que el objetivo principal como sociedad es alcanzar la inmunidad rebaño que nos permita estar a salvos de una tercera ola del coronavirus y, así, alcanzar un mayor bienestar social. Teniendo este objetivo claro, la forma idónea de lograrlo sería por medio de un trabajo en conjunto entre el Estado y el sector privado bajo los supuestos antes mencionados. Bajo el artículo 234 del Código Penal, que limita el precio de venta de las vacunas, al ser bienes esenciales, las empresas no tendrían incentivos económicos para importarlas. Por ende, la única forma de lograr nuestro objetivo es que el Estado se encargue de todo el proceso de compra y distribución de las vacunas hasta que se incentive más la participación del sector privado, modificando el artículo mencionado previamente, y exista mayor oferta mundial de vacunas para las empresas.

Referencias:

El Comercio. (21 de febrero de 2021). Empresas no podrán comprar vacunas antes que el Estado asegure todas las dosis. El Comercio. https://elcomercio.pe/economia/peru/empresas-no-podran-comprar-vacunas-antes-que-el-estado-asegure-todas-las-dosis-nndc-noticia/?ref=ecr

Gestión. (4 de diciembre de 2020). OMS dice que es inaceptable que los ricos pisoteen a los pobres por la vacuna contra el coronavirus. Gestión. https://gestion.pe/mundo/coronavirus-oms-dice-que-es-inaceptable-que-los-ricos-pisoteen-a-los-pobres-por-la-vacuna-contra-el-covid-19-tedros-adhanom-ghebreyesus-organizacion-mundial-de-la-salud-nndc-noticia/

Gestión. (28 de febrero de 2021). “Cuando abunden las vacunas contra el COVID, los privados podrán adquirirlas”, dice Bermúdez. Gestión. https://gestion.pe/peru/cuando-abunden-las-vacunas-contra-el-covid-los-privados-podran-adquirirlas-dice-bermudez-noticia/

Nicholson, W. (2007). Teoría microeconómica. Principios básicos y ampliaciones. (9° ed). Cengage Learning Editores. https://elvisjgblog.files.wordpress.com/2019/04/teorc3ada-microeconc3b3mica-9c2b0-edicic3b3n-walter-nicholson.pdf

Rivadeneira, J. (2009). Economía social de mercado. Fundación Konrad Adenauer. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0fa7d85d-101f-84f1-c646-027f7cea64f0&groupId=252038