- Scarlett Terry Arias
No hay fórmulas mágicas

Redactor: Fabrizio Solf Rivas
El Perú ha progresado con el tiempo indudablemente; sin embargo, el Estado Peruano y su gestión aún rememora en buena parte de la población aquella frase asociada al presidente Manuel Prado: “En el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no se resuelven”. Entre las principales explicaciones hallamos la ausencia de un plan de largo plazo lo cual, a estas alturas de la campaña presidencial, debe ser preocupante, independientemente de la posición política de cada uno. Una de las causas que explica la ausencia de manejo de largo plazo es la falta de partidos políticos fuertes, los cuales entre los roles que cumplen está el de desarrollar este tipo de programas. En su ausencia, tenemos partidos débiles sin incentivos para realizar planes más allá de las elecciones en que participan (Levitsky & Cameron, 2003).
En este escenario, no es extraño que la mayoría de los candidatos, en su afán de convencer a más votantes, presenten propuestas que prometen todo, pero no explican el cómo. Y a pesar de que muchos sabemos esto, aún creemos. ¿Qué es lo que caracteriza nuestras malas políticas de gestión? En el presente artículo, se explicará a través de casos cómo es que se presentan este tipo de planes y sus fallas, esto con el fin de que seamos capaces de reconocerlas. Aparte, se mostrará que estas propuestas limitadas para solucionar problemas tan complejos como la informalidad, la pobreza, la desigualdad, entre otros, no fueron particulares a cierto tipo de ideologías políticas.
En primer lugar, está el caso de otorgar derechos de propiedad como solución a la informalidad y reducir la desigualdad en el país. Esta fue una de las propuestas centrales del candidato Hernando de Soto. Dicha idea fue desarrollada por él desde la década de los 80, plasmada en libros como “El Misterio del Capital” y “El Otro Sendero”. Su propuesta en síntesis consistió en fomentar y fortalecer mecanismos para otorgar derechos de propiedad en zonas urbanas, rurales, de comunidades campesinas y nativas. Esto con la idea de que no solo la medida reducirá la informalidad en el Perú, sino que también permitirá el acceso al crédito, formar capital y permitir el acceso a herramientas empresariales (Avanza País - Partido de Integración Social, 2020). Es decir, esto idea simple propone corregir varios de los principales problemas del Perú.
Sin embargo, la idea planteada por De Soto tiene varias limitaciones. En general, se critica que: (1) Hay escasa evidencia que vincule el acceso al crédito con un título formal, (2) se ignora la posibilidad de que exista una concurrencia de reclamos por los terrenos (invasiones), (3) resulta más perjudicial para las comunidades nativas debido al riesgo de perder sus tierras, (4) omite las diferentes costumbres y sistemas legales, y (5) ignora las limitaciones físicas existentes a cada caso (Wieland & Thornton, 2013). Todo esto debido a que sus planes al considerar solo un mecanismo de solución, omite las políticas necesarias (reformas o apoyo del estado) para poder adecuar este mecanismo a las distintas realidades existentes. Sin esto, los empresarios informales que trabajan en condiciones adversas (ausencia de conocimientos empresariales, tecnología, infraestructura, carreteras, seguridad, o un ente regulador) mantendrán prácticas ilegales a pesar del título otorgado. La “solución” no habrá resuelto la raíz de los problemas.
En segundo lugar, el caso de las propuestas que proponen la nacionalización de la industria minera y de gas como solución a la pobreza, mejor redistribución y mayor soberanía del país, la cual es defendida por la izquierda en la actual segunda vuelta (Perú Libre, 2020). Este tipo de propuestas tienen el atractivo populista de que promete una mayor recaudación para el estado en lugar de dejarlo a la empresa extranjera y mayor igualdad. A la vez, este tipo de propuesta se justifica con el argumento de que en Bolivia y Ecuador se aplicó y esto generó crecimiento económico.
Lo que este tipo de propuestas omite son en primer lugar los “trade-off” que se realiza entre la distribución y la eficiencia. La experiencia pasada y de otros países nos enseña que las empresas nacionales son poco productivas, y el éxito se atribuía más al boom en el precio de las materias primas. Por otro lado, los mismos ejemplos que proponen como casos de éxito (Bolivia y Ecuador) nos enseñan las negativas consecuencias de una dependencia de los precios de las materias primas (Robinson, 2019). En síntesis, se propone replicar medidas que en el largo plazo pueden ser contraproducentes, en lugar de la promoción de programas elaborados para resolver problemas como la desigualdad y la falta de desarrollo sostenible.
Por último, otro caso de gestión cortoplacista es la que sugiere no realizar ningún cambio o reforma profunda (no cambio de constitución como algunos partidos proponen). Es cierto que desde las últimas 2 décadas hemos tenido un crecimiento económico continuo, alcanzamos una estabilidad macroeconómica después de mucho tiempo. Este crecimiento permitió reducir la pobreza en el Perú y a la vez mejorar el estándar de calidad de vida de la mayor parte de los ciudadanos. Sería incoherente obviar todos estos logros. Sin embargo, igual de incoherente es ignorar todas las limitaciones que este piloto automático en el sistema peruano ha tenido.
Entre las causas que explican la situación actual, una de las principales es sin duda la idea mencionada por Alberto Vergara (2018), que consiste en que el crecimiento económico llevará automáticamente al desarrollo y la consolidación de las instituciones. No podemos esperar una asignación eficiente de recursos y realización de proyectos públicos eficientes cuando no tenemos los mecanismos adecuados para manejarlos. Por ejemplo, cuando un departamento o región se ve beneficiada por la minería, pero esta no es aprovechada, en muchos casos nuestro análisis solo se queda al nivel de culpar a la corrupción. Pero en estos casos, igual de importante que la corrupción es la ausencia de instituciones que otorguen garantías para una buena ejecución del gasto público. Instituciones y mecanismos que no se alcanzarán sólo con la explotación de los recursos.
En conclusión, los 3 casos mencionados acerca de distintas medidas tomadas para la gestión pública se relacionan en el hecho de que no existe una medida o política única que permita solucionar los principales problemas del Perú. Es necesario reconocer la necesidad de reformas importantes, desechar ideas populistas (lo más complicado en mi opinión), y reconocer que no hay fórmulas mágicas para los problemas más importantes. Una política pública responsable implica un trabajo continuo, con objetivos de largo plazo que responda a las necesidades de los distintos escenarios del país. Pero para llegar a esto se requiere de nosotros como electorado premiar a aquellos que buscan promover una institucionalidad, objetivos de largo plazo, y exigir un debate alturado.
Referencias
Avanza País - Partido de Integración Social. (2020). Plan de gobierno 2021-2026. https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16535.pdf
Levitsky, S., & Cameron, M. A. (2003). Democracy without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori’s Peru. Latin American Politics and Society, 45(3), 1–33. http://www.jstor.org/stable/3177157
Perú Libre. (2020). Perú Libre: Ideario y Programa. https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/2108/ARCHIVO/FIRMADO/9716.PDF
Robinson, A. (2019, October 29). La ‘maldición’ de las materias primas que condena a América Latina. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/economia/20191029/471249814785/america-latina-chila-ecuador-bolivia-protestas.html
Vergara, A. (2018). Ciudadanos sin República, Prólogo a la 2da edición. In Ciudadanos sin República (2da edición, pp. 13–27).
Wieland, P., & Thornton, T. (2013). Escuchando ladrar a los perros: Hernando de Soto y su receta para la Amazonía. Derecho PUCP, 70, 325–344. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201301.015